Esta semana la comercialización agrícola en Brasil está virtualmente paralizada a causa de un sorpresivo “impuestazo” aplicado por el gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva contra el sector agropecuario.
Por medio de la resolución 1227, publicada el pasado martes 4 de junio, se dispuso la imposibilidad de emplear créditos fiscales generados por los impuestos del Programa de Integración Social (PIS) y de la Contribución de Financiamiento de la Seguridad Social (Cofins) para abonar otros tributos de orden nacional. El PIS (vaya nombre) consiste en una contribución social federal del 1,65% sobre los ingresos brutos, mientras que el Cofins tiene una alícuota del 7,6%.
El hecho de impedir la posibilidad de emplear créditos fiscales de PIS/Cofins implica, en los hechos, un aumento impositivo indirecto para el agro brasileño, que fue calculado en torno a los 10.000 millones de reales (unos 1900 millones de dólares) por el Frente Parlamentario Agropecuario de Brasil (FPA)
“No discuten con los sectores involucrados y no analizan los impactos: simplemente tiraron la bomba sin importar qué pasaba con los productores ¡No! ¡Lucharemos para que nos lo devuelvan!”, señaló en redes sociales el diputado y presidente del FPA Pedro Lupion.
La nueva resolución del gobierno brasileño además incrementa la burocracia e impone nuevas condiciones para solicitar beneficios fiscales vigentes, de manera tal de intentar desincentivar el uso de los mismos por parte del agro.
Los equipos técnicos contables de las empresas agroexportadoras brasileñas están evaluando el impacto de la medida. Hasta tanto, la demanda de productos agrícola está virtualmente “congelada”.
“Ante los impactos causados por la resolución 1227 a los contribuyentes y a toda la sociedad brasileña, y ante la imposibilidad de presentar modificaciones supresoras de todas sus disposiciones, solicitamos al Congreso nacional rechazar íntegramente el texto presentado por el Poder Ejecutivo”, indicó un informe elaborado por la Confederación Brasileña de Agricultura y Ganadería (CNA).
El “terremoto” generado por el “impuestazo” del gobierno brasileño incluso llegó a ser atribuido como el principal responsable de la suba de precios del maíz y de la soja registrados este jueves en el mercado estadounidense CME Group (“Chicago”).
La Asociación Brasileña de Industrias de Aceites Vegetales (Abiove, el equivalente a Ciara en Brasil) indicó que la resolución 1227 es “una falta de respeto hacia una de las mayores industrias de esta nación” y que “resulta desconcertante que la propuesta se presente en forma de una resolución con efecto de cumplimiento inmediato”.
“La estimación del total de créditos PIS y Cofins acumulados en la industria oleaginosa y en la exportación de soja y derivados (base 2023) es de 6500 millones de reales. Con la nueva medida ese monto se transforma en un costo para el sector”, añadió Abiove.
La entidad que agrupa a las mayores industrias aceiteras brasileñas comunicó que el costo adicional, en caso de que la medida no se revierta, será trasladado al productor. “Este impacto puede alcanzar hasta el 5% del valor actual de la soja”, señaló.
